Abogados de familia en Bilbao
Un conflicto familiar rara vez llega en un momento cómodo. Hay que decidir sobre los hijos, la vivienda o los gastos mientras todavía quedan muchas cosas por aclarar. Es normal querer resolverlo cuanto antes, pero algunas decisiones condicionarán la vida familiar durante años. En Montes & Asociados preferimos valorar esas consecuencias antes de actuar.
Ahí es donde interviene un abogado de familia en Bilbao: para explicar qué puede solicitarse, qué documentación lo respalda y qué dificultades pueden surgir. Revisamos la situación familiar y económica, las medidas que ya existan y las pruebas disponibles. La propuesta final debe ser jurídicamente defendible, sí, pero también debe funcionar en la vida diaria.
Protección legal cuando la situación familiar no puede esperar
Hay situaciones en las que seguir intercambiando propuestas solo da tiempo a que el problema empeore. Un posible traslado de un menor sin consentimiento, una situación de violencia, la ocultación de patrimonio o la falta de recursos para atender necesidades básicas pueden exigir una actuación inmediata. En esos casos comprobamos el riesgo, los hechos que pueden acreditarse y la medida exacta que se necesita.
El artículo 158 del Código Civil permite solicitar medidas urgentes para proteger a un menor frente a un peligro o evitarle un perjuicio. En otros supuestos pueden pedirse medidas provisionales que regulen temporalmente la custodia, las visitas, los alimentos o el uso de la vivienda. Cada vía responde a una situación distinta.
Las medidas del artículo 158 están exceptuadas del intento previo de negociación exigido actualmente en numerosos procedimientos civiles. Eso no convierte cualquier desacuerdo en urgente; el riesgo debe justificarse. ¿Todavía no tienes toda la documentación? Cuéntanos qué ha ocurrido y comprobaremos qué puede acreditarse y si hace falta actuar ya.
Nuestra firma creció y se consolidó gracias a tres principios que guían cada expediente: dedicación, honradez y lealtad. Además, si tu situación se cruza con herencias, patrimonios o empresa familiar, el equipo transversal permite respuestas integrales sin perder el foco humano. También destacamos en abogados herencias en Bilbao, alineando decisiones familiares y sucesorias para evitar conflictos futuros.
Custodia y régimen de visitas adaptados a cada familia
Hablar de custodia como si todo consistiera en repartir días deja fuera buena parte del problema. La custodia organiza la convivencia cotidiana, mientras que la patria potestad abarca decisiones sobre la educación, la salud o el lugar de residencia y, habitualmente, continúa correspondiendo a ambos progenitores. Quedan además las vacaciones, los desplazamientos y los gastos.
En el País Vasco, la Ley 7/2015 considera la custodia compartida el régimen más adecuado con carácter general, siempre según las circunstancias y el interés superior del menor. No se concede de manera automática. Revisamos quién se ha ocupado habitualmente de los hijos, la disponibilidad de cada progenitor y su capacidad real para asumir las responsabilidades diarias.
Custodia compartida o individual según el bienestar de los hijos
Una mala relación entre los progenitores no descarta por sí sola la custodia compartida. La cuestión es otra: si ese conflicto les impide tomar decisiones y termina afectando al menor. En un asunto que analizamos, ambos podían cuidar de su hijo, pero las discusiones interferían continuamente en cuestiones escolares, médicas y cotidianas. Se optó por una custodia individual con un régimen amplio de relación con el otro progenitor.
Con la llamada casa nido ocurre algo parecido. Sobre el papel parece estable para el menor, pero obliga a mantener tres viviendas y a acordar gastos, limpieza y normas de uso. En otro caso, la escasa comunicación entre los progenitores hacía inviable ese sistema. Se mantuvo la custodia compartida por semanas, aunque cada uno alojó al menor en su casa. Era una solución menos vistosa, quizá, pero mucho más realista.
Calendario parental e incumplimiento del régimen de visitas
Un calendario parental debe concretar días lectivos, fines de semana, vacaciones, entregas y comunicaciones. Cuanto menos quede abierto a interpretaciones, menos discusiones aparecerán después. Si una resolución se incumple, registramos las fechas y conservamos las conversaciones antes de valorar un requerimiento o una demanda de ejecución. También puede estudiarse un régimen de relación para los abuelos u otros familiares si el contacto se impide sin causa justificada.
Los mensajes merecen especial cuidado. Las capturas aisladas no siempre muestran el contexto y una respuesta escrita en caliente puede perjudicar al propio cliente. Lo hemos visto. Recomendamos guardar los originales y escribir de forma breve, objetiva y centrada en los hijos. Incluso ante incumplimientos graves, el cambio de custodia no debería pedirse como castigo: primero hay que valorar cómo afectaría al menor cambiar su residencia, su colegio o su entorno.
Pensiones y modificación de medidas cuando cambian las circunstancias
En las pensiones, las cuentas importan, pero no lo explican todo. La pensión de alimentos se calcula según las necesidades de los hijos, la capacidad económica de los progenitores, el tiempo de convivencia y los gastos. En el mismo procedimiento puede decidirse quién utilizará la vivienda familiar. La propiedad no es el único criterio: también pesan las necesidades de los hijos y la situación de ambos progenitores.
Las nóminas y las declaraciones fiscales ofrecen un primer punto de referencia, aunque no siempre reflejan toda la realidad económica. Además, la vida cambia. Una pérdida de empleo, una variación estable de ingresos, un traslado o nuevas necesidades de los hijos pueden justificar una modificación de las medidas, siempre que el cambio sea relevante y pueda probarse.
Cálculo y reclamación de pensiones alimenticias y compensatorias
Existe una idea bastante extendida: si la custodia es compartida, ya no hay pensión de alimentos. No necesariamente. Hemos revisado asuntos en los que los hijos pasaban un tiempo similar con ambos progenitores, pero uno percibía más del triple de ingresos. Dividir todos los gastos por la mitad habría trasladado el desequilibrio a los menores, por lo que se fijó una aportación mensual y un reparto proporcional de determinados gastos extraordinarios.
En otra situación se había propuesto una pensión cercana al 12 % de unos ingresos que nadie podía precisar. El problema se ve enseguida: si no conocemos esos ingresos, tampoco podemos calcular ni ejecutar el porcentaje. Hubo que reconstruir la capacidad económica mediante el patrimonio, la actividad empresarial y los movimientos bancarios para reclamar una cantidad concreta. Si la pensión no se paga, estudiamos la deuda acumulada y cómo reclamarla judicialmente.
La pensión compensatoria obliga a mirar más allá del salario actual. En un procedimiento, uno de los cónyuges trabajaba en una empresa controlada por el otro y ese sueldo era prácticamente su único ingreso. Se acordó una pensión algo superior a 500 euros mientras conservara el empleo y cercana a 2.100 euros si se producía el despido. Su estabilidad económica dependía directamente de una decisión del otro cónyuge.
Revisión de la custodia, las visitas y las pensiones
Una modificación de medidas exige comparar la situación actual con la que existía cuando se dictó la resolución. Después concretamos qué debe cambiar y qué documentos lo demuestran. A veces el problema se limita a una pensión; otras, a un horario de visitas que ya no puede cumplirse. No hace falta reabrirlo todo si solo ha cambiado una parte.
Lo que no recomendamos es dejar de pagar o aplicar unilateralmente un calendario distinto mientras se tramita la revisión. Esa decisión puede acabar en una demanda de ejecución porque, hasta que exista un nuevo acuerdo aprobado o una resolución judicial, las medidas vigentes siguen siendo exigibles. Según el cambio producido, también puede estudiarse la reducción o extinción de una pensión.
Filiación, parejas de hecho y protección de personas vulnerables
No todas las rupturas parten de un matrimonio. El Derecho de familia comprende la reclamación o impugnación de paternidad y los conflictos derivados de las parejas de hecho. Si hay hijos, la custodia, las visitas y los alimentos deben regularse igualmente. Revisamos además los bienes compartidos, las aportaciones de cada persona y la situación de la vivienda.
La protección de personas vulnerables requiere saber qué apoyo necesita realmente cada persona para ejercer su capacidad jurídica. En algunos casos bastan medidas voluntarias; en otros hay que solicitar medidas judiciales. La intervención debe limitarse a lo necesario y respetar, en lo posible, su voluntad y sus preferencias.
Mediación familiar o vía judicial según las posibilidades de acuerdo
Merece la pena negociar si existe información económica suficiente, capacidad de diálogo y voluntad de cumplir lo pactado. La mediación familiar o la negociación entre abogados puede reducir el enfrentamiento y dejar acuerdos más detallados. Sus términos pueden recogerse en un convenio regulador que concrete la custodia, las visitas, los alimentos, la vivienda y las demás medidas necesarias.
Ahora bien, negociar no significa alargar conversaciones indefinidamente. Si la otra parte deja de responder, cambia sus condiciones o utiliza las propuestas para ganar tiempo, dejamos constancia del intento y preparamos la vía judicial. Desde abril de 2025, muchos procedimientos civiles exigen acreditar una actividad negociadora previa, aunque existen excepciones para actuaciones urgentes y ciertos procesos de protección, filiación o apoyo a personas con discapacidad.
Nuestro criterio puede resumirse en cuatro cuestiones: si hay algún riesgo, cómo afectará cada alternativa a los hijos, cuál es la realidad económica y qué hechos podrán demostrarse. Con eso sobre la mesa, suele verse bastante mejor hasta dónde negociar y cuándo acudir al juzgado. Insistir en un acuerdo sin futuro tampoco beneficia al cliente.
Por qué elegirnos para tu caso de familia
Montes & Asociados cuenta con 30 años de trayectoria y profesionales especializados en distintas materias. Algunos asuntos familiares exigen revisar una empresa, un patrimonio compartido o el origen real de unos ingresos. En esos casos coordinamos el trabajo con las áreas fiscal, societaria o laboral del despacho.
Preferimos ser claros desde el principio: la confianza no consiste en asegurar un resultado antes de estudiar el expediente. Explicamos qué puede pedirse, qué hechos lo respaldan y dónde están los riesgos. Así, el cliente sabe qué se pretende conseguir y por qué recomendamos una vía concreta.
Esa manera de trabajar se aprecia en los casos anteriores. La custodia no se utiliza como premio o castigo, una pensión tiene que poder calcularse y ejecutarse, y la negociación deja de ser razonable si únicamente sirve para que la otra parte gane tiempo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta contratar a un abogado de familia?
Los honorarios varían según el procedimiento, la complejidad del conflicto, la documentación que haya que revisar y la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Tras la primera valoración concretamos las actuaciones necesarias y facilitamos un presupuesto antes de comenzar.
¿Qué documentación conviene llevar a la primera consulta?
Interesa aportar las resoluciones o acuerdos anteriores, las comunicaciones relevantes y la documentación económica relacionada con los hijos, la vivienda o los bienes comunes. ¿Falta algún documento? No impide revisar el caso; después te indicaremos qué será necesario conseguir.
¿Cuánto puede durar un procedimiento de familia?
La duración varía según el tipo de procedimiento, la existencia de medidas urgentes, el grado de acuerdo y la carga del órgano judicial. Una vez estudiado el asunto podemos ofrecer una estimación razonable, pero no prometer una fecha que también depende del juzgado y de la actuación de la otra parte.
Solicita una consulta para valorar tu situación
No hace falta llegar a la primera consulta con el caso perfectamente ordenado. Basta con resumir qué ha ocurrido, si hay hijos menores, qué medidas están vigentes y si existe algún riesgo inmediato. Revisaremos la documentación, te diremos qué falta y concretaremos las actuaciones y los honorarios. Si decides continuar, comenzaremos la negociación previa o prepararemos el procedimiento que corresponda.
Montes & Asociados atiende en la calle Juan Ajuriaguerra, 9, en Bilbao. Contacta con el despacho para explicarnos tu caso y solicitar un presupuesto antes de iniciar cualquier actuación.