La presunción de inocencia es el principio jurídico fundamental por el que se establece que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme. En Montes Abogados, con profesionales en el ámbito del derecho penal habiendo obtenido grandes resultados en asuntos de este índole, te damos las claves.
Dónde está regulado
En primer lugar, la presunción de inocencia está regulado en el Artículo 24.3 de la Constitución Española: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”.
Por otro lado, cuenta también con respaldo internacional en el Artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. “Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada”.
Tratamiento en el derecho penal
En el derecho penal español, la presunción de inocencia cuenta con doble aplicación.
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Regla de tratamiento: durante todo el proceso penal el investigado debe ser tratado como si fuese inocente.
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Regla de juicio: el juez debe partir de la presunción de inocencia del investigado y es la acusación quien tiene la carga de la prueba y quien debe presentar pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado.
Además, se trata de evitar términos como “imputado” o “acusado” y, en su lugar, se emplea el término de “investigado”.
Las pruebas presentadas
Debido a la importancia de la presunción de inocencia y al hecho de que la carga de prueba recae sobre la parte acusadora, se establecen unos requisitos mínimos para las pruebas presentadas.
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Actos de prueba en el juicio. Salvo excepciones, las pruebas se valoras en el juicio oral bajo los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad.
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Dentro del marco de la ley. No se aceptan aquellos elementos que vulneren los derechos fundamentales de las personas directa o indirectamente.
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Razonamiento de la prueba. Obligación por parte del tribunal de ofrecer las justificaciones por las cuales se valoran las pruebas.
Entonces, ¿cuándo una prueba es suficiente para destruir la presunción de inocencia? Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han ido fijando, a través de sentencias, una serie de condiciones mínimas que deben cumplirse para que la condena penal sea válida y no se vulnere este derecho fundamental.
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Credibilidad – coherencia de testimonios y pruebas presentadas, que no existan contradicciones.
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Relaciones previas de enemistad – puede existir animosidad de venganza.
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Elementos objetivos – conversaciones telefónicas. Fotografías o vídeos, certificados médicos, informes periciales, testigos…